Ahora la ONU presiona a MORENA, señala las desapariciones en México como delito de lesa humanidad

México (Newsmexico.com.mx).- El Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED) ha decidido solicitar al Secretario General de las Naciones Unidas que remita con urgencia la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General de las Naciones Unidas para que examine medidas de apoyo al Estado Parte en la prevención, investigación, sanción y erradicación de este delito.

En su decisión publicada hoy en virtud del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el Comité concluyó que la información recibida parece contener indicios fundados de que las desapariciones forzadas en México se han cometido y se siguen cometiendo como crímenes de lesa humanidad, basándose en su evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en distintas partes del país.

El procedimiento es de carácter preventivo y tiene como objetivo movilizar la atención y el apoyo internacionales, más que establecer la responsabilidad penal individual. Conforme al artículo 34 de la Convención, el Comité no actúa como comisión de investigación y no está obligado a llegar a una conclusión fáctica. Sin embargo, es necesario determinar, a primera vista, si se ha recibido información detallada y precisa de una fuente fidedigna que indique que los hechos en cuestión se encuentran dentro del mandato del Comité. Su decisión se basa en la información presentada por la sociedad civil, la respuesta del Estado Parte en septiembre de 2025 a su solicitud de información sobre la situación, y la información recopilada por el Comité desde 2012, incluyendo las revisiones periódicas, su visita al país en 2021 y las solicitudes de acción urgente presentadas por las víctimas. El Comité también ha tomado nota de la información presentada por el Estado y la sociedad civil después de la adopción de su decisión.

En vista de lo anterior, si bien el Comité señaló que la "guerra contra las drogas" que México libra a nivel nacional ha contribuido a las condiciones en que se han producido tales ataques a nivel local, subrayó que no encontró evidencia de una política federal para cometer desapariciones forzadas —ya sea por acción u omisión deliberada— en el sentido del Estatuto de Roma. El Comité también subrayó que ni la Convención ni el Estatuto de Roma exigen que tales ataques se produzcan en todo el territorio de un país ni que se originen en los más altos niveles del gobierno para que se consideren crímenes de lesa humanidad.

En este sentido, el Comité tomó nota de la postura de México, según la cual muchas desapariciones en el país son cometidas por grupos criminales y no por agentes estatales, y por lo tanto no deberían clasificarse como desapariciones forzadas conforme al artículo 2 de la Convención. Sin embargo, el Comité destacó que, en algunos de los casos denunciados, había recibido información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia. Asimismo, subrayó que, a la luz del artículo 5 de la Convención y del artículo 7 del Estatuto de Roma, del cual México también es Estado Parte, las desapariciones forzadas, como crimen de lesa humanidad, también pueden ser cometidas por una «organización», incluidos ciertos actores no estatales organizados, cuando «forman parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra la población civil».

"El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad ocurran en todo el país ni que sean orquestados en los más altos niveles del gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y que estén dirigidos contra civiles", declaró Juan Albán-Alencastro, Presidente del Comité.

Respecto a la magnitud de la crisis en México, el Comité señaló que, si bien el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Desaparecidas contiene casos de personas desaparecidas, aún no ofrece una imagen clara de cuántos casos registrados corresponden a desapariciones forzadas. Sin embargo, la magnitud de los casos registrados subraya la gravedad de la situación. El Comité también mencionó el continuo descubrimiento de fosas clandestinas en todo el país, estimando que se han encontrado más de 4.500, que contienen más de 6.200 cuerpos y 4.600 restos humanos, además de unos 72.000 restos humanos no identificados. En general, el Comité advirtió que, a pesar de las medidas adoptadas desde su visita al país en 2021, la situación no ha mostrado una mejora sustancial, según los datos oficiales y públicos disponibles. Las autoridades siguen desbordadas por la magnitud de la crisis, y se necesitan urgentemente reformas estructurales para prevenir las desapariciones y garantizar la rendición de cuentas.

Con base en toda la información disponible, el Comité adoptó la medida excepcional, conforme al artículo 34, de poner la situación en México en conocimiento de la Asamblea General, solicitándole que considere medidas para brindar la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que el país requiere en materia de operaciones de búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva de las presuntas desapariciones.

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