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| Fundado 24 de marzo de 2008 | 29 de abril del 2026 |
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A 19 años de la despenalización parcial en la CDMX, organizaciones feministas exigen que el aborto salga del Código Penal
La Ciudad de México fue pionera en 2007 al permitir el acceso al aborto durante las primeras doce semanas de gestación, marcando un antes y un después en el reconocimiento de los derechos reproductivos en el país. Este avance ha permitido que miles de mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar accedan a servicios de interrupción legal del embarazo, mostrando su relevancia como una política de salud pública. Sin embargo, después de casi dos décadas de esta reforma, el aborto sigue tipificado como delito en el Código Penal de la Ciudad de México, lo que refleja una contradicción legal y perpetúa el estigma y la criminalización: de 2015 a febrero de 2026, la CDMX ha liderado el número de carpetas y averiguaciones previas sobre aborto, con un total de 1,587 (datos de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública). En este contexto, activistas realizaron una acción simbólica frente al Congreso de la Ciudad de México, donde rompieron una piñata con forma del Código Penal. El gesto celebró los 19 años de aborto legal y, al mismo tiempo, exigió eliminar el delito de aborto de la legislación penal en la CDMX y en todo el país. Las organizaciones señalaron que el aborto no debe seguir siendo tratado como un asunto penal, sino como lo que es: un servicio de salud y un derecho que debe garantizarse de manera plena, sin ambigüedades ni marcos legales que lo criminalicen. Asimismo, hicieron un llamado público a las diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México para que atiendan este pendiente histórico y concreten la reforma necesaria para eliminar el aborto del Código Penal, en congruencia con los avances en derechos reproductivos y los estándares constitucionales. A 19 años de la despenalización, la CDMX tiene la oportunidad de consolidarse nuevamente como referente en la región, avanzando hacia un marco legal que reconozca plenamente el derecho a decidir y deje atrás el uso del derecho penal para regularlo. Las organizaciones reiteraron que la lucha por la autonomía reproductiva continúa y que garantizar el acceso al aborto, como un servicio de salud, libre de estigma y de criminalización, sigue siendo una prioridad.
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