MORENA se desgarra vestiduras por desaire de gobernadora de Chihuahua, pero indiferencia por abuso sexual infantil y feminicidios

México (Newsmexico.com.mx).- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, sabía que ir al Senado era exponerse a los insultos y escenas patrioteras de MORENA sobre el tema de la CIA en México, cuando hay temas peores como México es primer lugar mundial de abuso sexual infantil o, apenas se declaró Constitucional el tema del feminicidio.

En la sesión del Senado, los representantes guindas se desgarraron las vestiduras por el desaire de la mandataria chihuahuense, pero cuando de trataron los temas de abuso sexual infantil y el de feminicidios todos los morenistas, petistas y verdes mostraron indiferencia.

Si bien es verdad que la intervención de agentes de la CIA en suelo mexicano es una violación a las leyes nacionales, los de MORENA jamás quieren tratar el tema de venezolanos y cubanos haciendo lo mismo en el país.

En el apartado de Agenda Política, integrantes de los Grupos Parlamentarios fijaron su postura en torno al informe de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública, sobre la reunión en la que recibirían a la gobernadora del estado de Chihuahua, Maru Campos.

La gobernadora chihuahuense se ha mostrado dura ante la política de abrazos y no balazos de MORENA, por lo que hasta declinó tomar la llamada telefónica de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desaires que han encendido el enojo de los morenistas.

Y, es que es legal la reacción de los senadores morenistas debido a que se violó la Constitución al permitir la gobernadora el ingreso y participación de agentes de la Agencia Central de Investigación (CIA) a la destrucción del mayor laboratorio de fabricación de drogas hallado en el país, lo que generó indignación morenista por no avisarles del operativo.

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, dio cuenta a la Asamblea del recibimiento de este informe por parte de la Mesa Directiva e instruyó su publicación en la Gaceta del Senado para su máxima publicidad.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, señaló que a las 09:05 horas de este martes, a menos de dos horas de realizarse la reunión, se recibió el oficio con el que la gobernadora declinó la invitación, aun cuando se trataba de un ejercicio de colaboración institucional y un diálogo republicano con el Poder Legislativo.

Precisó que la reunión tenía su motivación, porque corresponde al Senado revisar los actos que inciden en el pacto federal y el equilibrio entre órdenes de gobierno y, en este caso, dijo, hay una transgresión constitucional de gran magnitud por actos que permitieron o toleraron la participación de agentes extranjeros en territorio nacional.

El senador añadió que ninguna entidad federativa puede tener atribuciones que corresponden de manera exclusiva a la Federación, particularmente en temas de seguridad nacional, relaciones internacionales, participación de agentes extranjeros o la preservación de la soberanía nacional.

Además, indicó que existe la posibilidad de responsabilidad penal y traición a la patria, porque consentir la presencia y operación de agentes extranjeros es una clara afectación a la soberanía nacional; por ello, el Senado, como representación federal, debe tener claridad sobre cualquier actuación de autoridades que ponga en riesgo la seguridad nacional.

Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, afirmó que lo sucedido en Chihuahua fue una violación contundente a la soberanía nacional, por eso se llevaría a cabo la reunión con la gobernadora, como un ejercicio republicano, pero que no se realizó por razones desconocidas, es decir, hubo un desacato político.

Agregó que la creación de la unidad para esclarecer los hechos también es ilegal y una invasión de competencias, porque al ser delitos federales es la Fiscalía General de la República la autoridad que debe realizar la investigación correspondiente.

Puntualizó que se violaron varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Ley de Seguridad Nacional, lo que es muy grave y que, en conjunto, son elementos que generan incertidumbre y colocan este caso en un nivel de seguridad nacional.

“Exigimos certeza y legalidad, porque México necesita claridad, sobre todo porque la soberanía demanda respeto absoluto. No hay espacio para la duda y por eso este Senado exige claridad”, expresó.

De Morena, Juan Carlos Loera de la Rosa, precisó que el Senado de la República representa el Pacto Federal, por lo que en hechos que involucran la seguridad nacional y la coordinación con gobierno extranjeros debe actuar con firmeza y dignidad; “lo ocurrido en Chihuahua debe analizarse con seriedad, con institucionalidad y dentro del marco constitucional”, indicó.

Mario Humberto Vázquez Robles, del PAN, calificó de “desproporcionada” la medida de solicitar la asistencia de la gobernadora de Chihuahua en el Senado y cuestionó si esta situación es una defensa uniforme de la soberanía o si se está utilizando el tema con fines políticos; “la soberanía no puede depender de la conveniencia política del momento”, añadió.

Por Morena, Enrique Inzunza Cázarez acusó que la creación de una Unidad Especializada dentro de la Fiscalía de Chihuahua para investigar los hechos en los que fallecieron dos agentes de Estados Unidos vulnera el orden constitucional de competencias del Gobierno Federal, por lo que, advirtió, sus investigaciones “son actos viciados de nulidad” que carecen de legalidad.

Por MC, Clemente Castañeda Hoeflich consideró que el gobierno Federal ha incurrido en omisiones al igual que el gobierno de Chihuahua, por no supervisar la actuación de los agentes extranjeros en territorio nacional, además de que el Senado de la República también está en falta, por no haber instalado la Comisión Bicameral encargada de revisar esos temas.

Javier Corral Jurado, de Morena, señaló que Unidad Especializada creada para investigar los hechos ocurridos en Chihuahua es una “farsa”, pues su titular ha asegurado que el comandante fallecido en los hechos, Pedro Oseguera Cervantes, fue el responsable de “infiltrar” a los agentes de la CIA en el operativo, con lo que se “pretende imponer responsabilidad a quien no puede defenderse”.

La senadora Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, pidió “no caer en politiquerías”, al enfatizar que la soberanía del país “debería unir, no dividir”; en ese sentido, propuso que se sigan los protocolos constitucionales y legales para que se haga una investigación válida sobre los acontecimientos ocurridos en Chihuahua.

Ricardo Anaya Cortés, del PAN, lamentó que se quiera “linchar” a una gobernadora de oposición cuya “única falta” fue recibir información de la CIA para ubicar un “narcolaboratorio” y proceder a desmantelarlo, mientras que no ha ocurrido lo mismo con el gobernador de Sinaloa por las circunstancias en torno al traslado de Ismael “Mayo” Zambada a los Estados Unidos.

Y ¿LOS NIÑOS?

En la inauguración de las Jornadas de Prevención de Abuso Sexual Infantil, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno aseveró que uno de los grandes retos es garantizar a las y los niños que vivan en paz y tranquilad, libres de cualquier agresión, sobre todo en su hogar, con su familia.

La senadora de MC reconoció el trabajo que realiza la maestra Vivaldina Jaubert, directora de Fundación ALAS, AC, porque pone sobre la mesa un tema nada común y han encontrado una forma de transmitir este mensaje. 

Destacó que México ocupa desde 2019 el primer lugar en abuso sexual infantil, pero “hemos aprendido a contar cifras, registrar tazas, porcentajes, registros, hemos aprendido, incluso, a clasificar el dolor, ordenarlo en categorías para estandarizar medidas”. 

“Cómo haces para que un pequeño se anime a hablar, a señalar. Es brillante el trabajo que realiza ALAS, porque es a través de la cultura y el arte que nos ayuda a expresar este tipo de dolor, a expresar lo que hay detrás de este tipo de experiencias que no sólo viven las víctimas directas, sino las familias, padres, hermanos de las víctimas de este tipo de circunstancia”, indicó. 

En su oportunidad, la senadora Laura Esquivel Torres, del PAN, dijo que este es uno de los principales problemas que ya se normalizó, pues más del 34 por ciento de niñas y niños en nuestro país son víctimas de abuso sexual infantil. 

“México ocupa el primer lugar en material de abuso sexual infantil y en casi el 90 por ciento de los casos el agresor sexual vive en el mismo techo donde viven los niños, quienes deberían ser cuidados y protegidos de los delitos más aberrantes que pueden existir”. Advirtió que sólo el 10 por ciento de estos casos son denunciados. 

Otro tema importante, agregó la legisladora, es la trata sexual contra niñas y niños, pues los delincuentes en México no llegan por casualidad, “llegan porque saben que aquí lo pueden hacer, pues cualquier adulto mayor a los 60, 50 años, puede llegar a la habitación de un hotel con un menor de edad sin comprobar si el menor es su hijo, sobrino o si tiene la patria potestad, absolutamente nada y en los eventos como el mundial, y eso está documentado, ocurrió en el mundial de Sudáfrica, Brasil y Rusia, los números se incrementan”. 

Anunció que mañana en el Senado de la República buscarán que se apruebe la iniciativa para que en ningún hotel de este país, ningún adulto pueda entrar con un menor de edad si no comprueba ser su familiar o tutor legal. 

“A los delincuentes y depredadores sexuales les vamos a dejar claro que aquí en México con nuestras niñas y niños no se meten”, expresó.

FEMINICIDIOS

En la sesión de este martes, el Pleno del Senado de la República emitió la declaratoria de aprobación de la reforma al artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de feminicidio.

Lo anterior, luego de que la secretaria de la Mesa Directiva diera cuenta de que 27 legislaturas locales emitieron el voto aprobatorio de dicha reforma, por lo que se cumplió con lo que establece el artículo 135 Constitucional.

El documento recibido de la colegisladora incluye los votos aprobatorios de los congresos de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México.

Al respecto, la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, destacó que esta reforma permite al Congreso de la Unión expedir una ley general para fortalecer la prevención, investigación, sanción y reparación del delito de feminicidio, que es uno de los más dolorosos y de mayor gravedad que afecta a nuestra sociedad de manera estructural.

Señaló que el feminicidio es la manifestación más extrema de los actos sistemáticos de violencia contra las mujeres y las niñas, por el hecho de serlo, lo que representa el mayor grado de discriminación contra el género femenino y constituye la negación a sus derechos humanos, particularmente a la vida y a la integridad.

Castillo Juárez precisó que datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que en 2025 se registraron 721 víctimas de feminicidio en México, aunque el número podría ser mayor; también informó que se han registrado 148 feminicidios a nivel nacional durante el primer trimestre de 2026.

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