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Casi todo el Plan B de Claudia Sheinbaum pasó,sólo el PT se mantuvo firme para que no haya Revocación
Los petistas aclararon y cumplieron que sólo un tema no lo iban a votar y fue la revocación de mandato para que se anticipara durante las elecciones intermedias del 2027, de tal suerte que se impidó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hiciera campaña de proselitismo en favor de MORENA bajo el disfraz de solicitar a los votantes que su apoyo para que no la quitaran del cargo. El mentado Plan B que promovió la presidenta de México consiste en: El presupuesto de los congresos locales es otro de los puntos del “Plan B”, que propone modificar el artículo 116 Constitucional para que el presupuesto no exceda el 0.70% del presupuesto de egresos total del Estado. Específica que funcionarios del INE, organismos electorales locales y tribunales no pueden ganar más dinero del que percibe la Presidenta. Las regidurías quedarán limitadas a un número máximo de 15 municipios. Habrá un tope de 0.7% para el presupuesto estatal de los Congresos locales. Se eliminarán los bonos, cancelarán seguros de gastos médicos mayores, y más ingresos a los funcionarios del INE, tribunales y órganos. Habrá un recorte en el Senado del 15%, y promete realizarse de forma progresiva. Los cómputos se realizarán al finalizar la elección (ya no será los días miércoles). Se prevé aplicarse la fiscalización en tiempo real. Habrá un tope salarial a dirigentes de los partidos políticos, no podrán ganar más que la Presidenta de México. Fiscalizar con rigor el origen de los recursos en campañas políticas. Pactar convenios con la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda con el objetivo de investigar aportaciones sospechosas. Paridad de género: propone que los municipios sean gobernados por elección directa, integrando presidente municipal, sindicatura y 15 regidurías. El “Plan B” de la Reforma Electoral también planeta que las personas consejeras, magistradas, secretarias de órganos administrativos, titulares de áreas ejecutivas, técnicas u homólogos del INE, los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales no podrán contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida, pensiones privadas y otras prestaciones.
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