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Sigue la cacería de Taddeilovers, ya son 30 bajas por renuncia, y aún así el INE trata de preservar la continuidad operativa
La revisión comprende la Junta General Ejecutiva y los cargos de primer nivel, incluidos aquellos relacionados con la oficina de la expresidenta. También abarca las relaciones funcionales y los procesos de contratación que, a partir de información pública reciente, deban ser analizados. El proceso se desarrolla con criterios objetivos y conforme a la normatividad aplicable. Al corte de este boletín, se reportan 30 bajas por renuncia, distribuidas de la siguiente manera: 17 personas de la oficina de la expresidenta, incluido el Jefe de Oficina, Carlos Daniel Luna Rosas. Una baja en la Dirección de Recursos Materiales: Alfonso Burciaga Esparza. La renuncia de Juan Manuel Vázquez Barajas, Jefe de Oficina de la Secretaría Ejecutiva. Una renuncia adicional de Pedro Pablo Chirinos Benítez, quien fue Titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y posteriormente Coordinador de Gestión y Seguimiento en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Por último, se recibieron las renuncias del Subdirector de Transporte y Administración de Riesgos (Dirección Ejecutiva de Administración), del Líder de Proyecto de Servicios de Transporte y Parque Vehicular (Dirección Ejecutiva de Administración), de la Coordinadora de Procesos Registrales (Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores), del E.D. de la Subdirección de Administración y Recursos Humanos (Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores) y del Subdirector de Apoyo a Órganos Colegiados (Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos). El proceso se desarrolla bajo los principios de colegialidad, legalidad y debido proceso. También reconoce la importancia del Servicio Profesional Electoral Nacional, cuya experiencia y capacidad técnica son fundamentales para la continuidad de las funciones del Instituto y la certeza de los procesos electorales. El INE continuará informando sobre las decisiones institucionales que se adopten, conforme avance la revisión y se encuentren en condiciones de comunicarse públicamente. Y PARA LOS REOS La Comisión de Capacitación y Organización Electoral, del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó el Modelo de Operación para la organización del Voto de las Personas en Prisión Preventiva (VPPP) en el Proceso Electoral Concurrente (PEC) 2026-2027, que define las funciones del Instituto, de los Organismos Públicos Locales (OPL) y de las autoridades penitenciarias competentes para garantizar el ejercicio de este derecho político-electoral en 21 entidades federativas. Integrada por las consejeras Norma De La Cruz Magaña —como presidenta— y Carla Humphrey Jordan, y los consejeros Arturo Chávez López, Uuc-kib Espadas Ancona y Martín Faz Mora, la Comisión avaló que la votación se realice de manera presencial y anticipada al interior de los centros penitenciarios que cuenten con las condiciones de infraestructura y seguridad necesarias para su implementación. Además, el acuerdo aprobado dispone que para efectos de la emisión del sufragio se considerará como domicilio de la persona en prisión preventiva el centro penitenciario en el que esté recluida; y por otra parte incorpora los criterios derivados de resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como reformas competentes en Chiapas, Ciudad de México, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca y San Luis Potosí para reconocer el VPPP en procesos electorales locales. De acuerdo con el Modelo de Operación, la modalidad de boleta impresa se aplicará en los 261 centros penitenciarios identificados por las autoridades federales y estatales con condiciones para recibir la votación, lo que representa una cobertura potencial de 118 mil 623 personas en prisión preventiva. El VPPP se llevará a cabo en las 17 entidades donde se renovarán gubernaturas, mientras que en Chiapas, Ciudad de México, Hidalgo, Oaxaca, Michoacán y San Luis Potosí, se implementará para la totalidad de los cargos locales que se elegirán, toda vez que esta modalidad de votación sí está regulada en sus respectivas legislaciones. Los dos últimos estados tendrán tanto la elección de gubernatura como la totalidad de los cargos locales. Por otra parte, organiza las actividades en tres etapas: actividades previas, durante y posteriores al periodo de votación, entre ellas la definición de centros penitenciarios participantes, la conformación de la Lista Nominal de Electores en Prisión Preventiva, la difusión del ejercicio, la producción de documentación y materiales electorales, así como la integración y capacitación de las Mesas de Escrutinio y Cómputo. Finalmente, el cronograma prevé que el periodo de votación anticipada se lleve a cabo del 12 al 26 de mayo de 2027 y que el escrutinio y cómputo de los sufragios emitidos por las personas en prisión preventiva se realice durante la Jornada Electoral del 6 de junio de 2027, para posteriormente incorporar los resultados a los sistemas y cómputos correspondientes de los OPL. La propuesta se sustenta en la experiencia acumulada por el INE en los ejercicios del VPPP realizados para las elecciones federales de 2021, los comicios locales de 2022 en Hidalgo, los de 2023 en Coahuila y Estado de México, las votaciones concurrentes de 2024, las locales de 2025 en Durango y Veracruz, así como las de 2026 en Coahuila.
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