Aparece otra política de MORENA señalada por EEUU como socia de narcos, ahora la diputada Hilda Araceli Brown Figueredo

México (Newsmexico.com.mx).-   La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicó sanciones y boletinó a personas y empresas que supuestamente están relacionados con Los Mayos, entre ellos la ex alcaldesa de Rosarito y hoy diputada federal por MORENA, Hilda Araceli Brown Figueredo.

Estas sanciones se producen tras la visita del Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, a la frontera entre Estados Unidos y México.

La OFAC también designó a cinco personas y 15 empresas en relación con una de las redes regionales de Los Mayos que opera al sur de la frontera entre Estados Unidos y México, así como al líder de otra banda afiliada al Cártel de Sinaloa dedicada a la producción de fentanilo.

“El Cártel de Sinaloa es una organización terrorista extranjera que continúa traficando narcóticos, blanqueando sus ganancias y corrompiendo a funcionarios locales”, declaró el Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley. “La medida de hoy, tomada en coordinación con nuestros socios policiales, demuestra la dedicación del Tesoro a la prioridad del presidente Trump de frenar las amenazas transfronterizas”.

Los Mayos controlan grandes extensiones de territorio en el norte de Baja California bajo el liderazgo de los previamente designados líderes del cártel, Alfonso Arzate García y René Arzate García (René Arzate), también conocidos como los hermanos Arzate.

Uno de los pueblos controlados por René Arzate es Rosarito, una comunidad costera aproximadamente a 24 kilómetros al sur de la parte californiana de la frontera entre Estados Unidos y México. Debido a su proximidad a la frontera con Estados Unidos, Rosarito y sus alrededores forman parte de un corredor crítico para el Cártel de Sinaloa para el contrabando de drogas a Estados Unidos.

René Arzate mantiene el mando de Rosarito a través de varios socios, entre ellos Mario Alberto Herrera Sánchez (Mario Herrera) y Karlo Omar Herrera Sánchez (Karlo Herrera). Los hermanos Herrera trabajan con Jesús González Lomelí (González), un magnate empresarial con sede en Rosarito y operador financiero de alto rango del Cártel de Sinaloa, para ayudar a llevar a cabo las operaciones del cártel en la zona.

González es dueño de varios bares y restaurantes en Rosarito, incluyendo Bombay Beach Club, Coco Beach Club y Mariscos El Caimán, además de otros restaurantes, clubes nocturnos y resorts en todo México. González ha utilizado sus negocios para blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico en nombre del Cártel de Sinaloa para los hermanos Arzate, así como para otros altos funcionarios del cártel, incluyendo a El Ruso.

Los hermanos Arzate también han utilizado la influencia política de González y de otro agente político afiliado al Cártel de Sinaloa, Candelario Arcega Aguirre (Arcega), para corromper y ejercer control sobre el gobierno municipal de Rosarito, específicamente sobre la exalcaldesa de Rosarito, Hilda Araceli Brown Figueredo (hoy diputada federal por MORENA).

Arcega mantiene una estrecha relación personal con Brown y, gracias a ella, pudo controlar sectores del gobierno municipal y nombrar a sus aliados en altos cargos dentro del gobierno de Rosarito. Durante el mandato de Brown como alcalde de Rosarito, González y Arcega sirvieron de intermediarios entre Brown y los hermanos Arzate, aliados de Los Mayos. Trabajando juntos, González, Arcega y Brown recaudaron pagos de extorsión para los Arzate, ayudaron a gestionar sus operaciones y garantizaron la protección de sus actividades criminales por parte del Departamento de Seguridad Pública de Rosarito.

Mario Herrera, Karlo Herrera, González, Arcega y Brown están siendo designados de conformidad con la Orden Ejecutiva (O.E.) 14059, y de conformidad con la E.O. 13224, según enmendada, por estar dirigido por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el Cártel de Sinaloa.

Además de designar a las personas clave alineadas con Los Mayos en la red de Playas de Rosarito, la OFAC también apuntó a 14 empresas propiedad de González: JR Alimentos Del Mar, S. De R.L. De C.V.; Grupo JRCP, S. De R.L.; Sabor Tapatío, S. De R.L. De C.V.; Gotoco Alimentos Procesados ​​S. De R.L. De C.V.; Grupo Hotelero JJJ, S.A. De C.V.; Complejo Turístico JJJ, S.A. De C.V.; Operadora De Espectáculos, Alimentos Y Bebidas J&R S.A. De C.V.; Alimentos Y Desvío Insurgentes, S. De R.L. De C.V.; Sunset Servicios Gastronómicos S. De R.L. De C.V.; JJ Gonver S. De R.L. De C.V.; Operadora De Alimentos Con Orígenes De México, S. De R.L. De C.V.; Veintiuno Mexicali, S. De R.L. De C.V.; Coco Beach Bar, S. De R.L. De C.V.; y Cavally Antro & Bar. Estas empresas están siendo designadas de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 y la Orden Ejecutiva 13224, con sus modificaciones, por ser propiedad de González, estar controladas o dirigidas por él, o haber actuado o pretendido actuar en su nombre, directa o indirectamente.

La OFAC también se centró en una empresa de transporte propiedad de Arcega: Transporte Urbano y Suburbano del V Municipio S.A. De C.V. Esta empresa está siendo designada de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 y la Orden Ejecutiva 13224. 13224, según enmendado, por ser propiedad de, estar controlada o dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Arcega.

IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES

Como resultado de la medida de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente, que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses, quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC.

Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, individual o colectivamente, en un 50% o más, de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada. Salvo autorización expresa de una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exención, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por ciudadanos estadounidenses o dentro (o en tránsito) de Estados Unidos que involucren bienes o intereses en bienes de personas bloqueadas.

El incumplimiento de las sanciones estadounidenses puede resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a ciudadanos estadounidenses y extranjeros. La OFAC puede imponer sanciones civiles por incumplimiento de las sanciones sobre la base de la responsabilidad objetiva. Las Directrices de la OFAC para la Aplicación de las Sanciones Económicas proporcionan más información sobre la aplicación de las sanciones económicas estadounidenses por parte de la OFAC.

Además, las instituciones financieras y otras personas podrían estar expuestas a sanciones por participar en ciertas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o bloqueadas. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, a, o en beneficio de cualquier persona designada o bloqueada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona.

Además, participar en ciertas transacciones que involucren a las personas designadas hoy podría conllevar la imposición de sanciones secundarias a las instituciones financieras extranjeras participantes.

La OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas para la apertura o el mantenimiento, en Estados Unidos, de una cuenta corresponsal o una cuenta de transferencia de fondos de una institución financiera extranjera que, a sabiendas, realice o facilite cualquier transacción significativa en nombre de una persona designada de conformidad con la autoridad pertinente.

La eficacia y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no solo de su capacidad para designar y agregar personas a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN), sino también de su disposición a eliminar personas de la Lista SDN de conformidad con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento.

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