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Mujeres y niñas indígenas: derechos sin políticas suficientes no son igualdad
México (Newsmexico.com.mx).- De acuerdo con investigaciones de las secretarías de Igualdad y la de Inclusión de SOMOS, en el 2022, alrededor de dos terceras partes de las mujeres indígenas estaban en situación de pobreza y más de una cuarta parte en pobreza extrema. En 2024, el analfabetismo entre las mujeres indígenas alcanzaba 20.1%, frente a 3.6% entre las mujeres no indígenas. A estas desigualdades se suma una realidad especialmente dolorosa: 45.4% de las mujeres hablantes de una lengua indígena había sufrido violencia durante su infancia. Las niñas indígenas enfrentan, además, graves rezagos educativos y una exposición creciente a distintas formas de violencia sexual, criminal y territorial. Frente a esta situación, los gobiernos de Morena han tomado decisiones que debilitaron instrumentos específicos destinados precisamente a combatir estas desigualdades. Programas dirigidos a fortalecer la autonomía económica de las mujeres indígenas fueron transformados o severamente reducidos. El programa económico indígena que en 2020 tenía 806.9 millones de pesos aprobados, terminó con un presupuesto modificado de apenas 47.45 millones. Las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana, fundamentales para atender violencia y defender derechos con pertinencia cultural, mantuvieron durante años prácticamente el mismo presupuesto nominal, lo que significó una pérdida de capacidad real ante la inflación. No se trata solamente de cifras presupuestales. Cuando el Estado debilita programas educativos, productivos, de atención a la violencia y de fortalecimiento de capacidades locales, las consecuencias recaen sobre las personas que ya enfrentan las mayores desventajas. Para una mujer indígena que vive lejos de una fiscalía, que enfrenta barreras lingüísticas, que carece de ingresos propios o que habita en un territorio dominado por organizaciones criminales, la desaparición o reducción de un programa especializado puede significar una barrera adicional para estudiar, trabajar, denunciar una agresión o escapar de la violencia. México no puede conformarse con reconocer derechos en las leyes mientras reduce las herramientas necesarias para ejercerlos. Las mujeres y niñas indígenas deben ocupar un lugar central en las políticas públicas. Esto requiere recuperar presupuestos específicos, fortalecer las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana, reconstruir políticas educativas interculturales, impulsar programas propios de autonomía económica y garantizar instituciones de seguridad y justicia capaces de llegar efectivamente a sus comunidades.
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